La reforma de las pensiones es, junto a la reducción del gasto público y la reforma laboral, parte de la exigencia de recorte de Estado del Bienestar de “los mercados” al Estado – la Seguridad Social gestiona un tercio de sus gastos -, retrasando de los 65 a los 67 años la edad legal de jubilación y ampliando de 15 a 20 años el periodo de cálculo y el periodo de carencia para la pensión contributiva mínima. Las premisas demográficas en que se apoya, como la caída de la natalidad a 1,4 hijos por mujer y el aumento de la longevidad, tienen un sesgo de género: son producidos mucho más por un modelo socioeconómico de desigualdad entre mujeres y hombres e incompatibilidad entre empleo y cuidados, que por una causa biológica. La baja natalidad responde a la carencia de tiempos y servicios para la conciliación, y siendo mujeres el 58% de las personas mayores de 65 años por tener 6,4 años más de esperanza de vida (84,4 años) que los hombres (78,0 años), aunque los años de vida en buena salud son casi iguales: 63,2 para los hombres y 62,9 para las mujeres....
