En el mes de diciembre el Consejo de Ministros del Estado Español aprobó el proyecto de reforma de la ley del aborto presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que lleva por título: "Ley orgánica de protección de la vida delo concebido y de los derechos de la mujer embarazada". Con estareforma el Partido Popular cede las presiones de la jerarquía católica y los grupos ultraconservadores,integristas y fundamentalistas que pretenden frenar los cambios de las mujeres para que no salgamos del perfil maternidad-domesticidad.Cuidadoras al servicio de los demás sin reconocimiento como sujetas de derecho.
La norma, que pretende derogar la vigente "Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo",no sólo eliminaría -en el caso de ser aprobada- el sistema actualde plazos, en el que durante las primeras 14 semanas de embarazo la mujer puede abortar sin tener que alegar ningún motivo, sino que además se restringirían los supuestos para poder abortar legalmente. Solo habría dos: violación y grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer. Serían los médicos o médicas -con requisitos más estrictos que en 1985 y un procedimiento más largo-quienes decidirían si ese peligro existe. La presencia de malformaciones fetales no es, según este anteproyecto, uno de los supuestos para poder abortar, aunque sí lo sería el efecto psicológico que esto tenga en la embarazada.
Consideramos que esta Ley supondría:
- una vulneración de los derechos de las mujeres y un retroceso de más de 30 años en la lucha por el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, sin intromisiones.
- Un recorte en las libertades de las mujeres y una pérdida de derechos que puede propiciar que algunas mujeres expongan su propia vida.
- Un peligro para la salud y para todos los Derechos Humanos de las mujeres desde argumentos basados en una moral particular y en interpretaciones religiosas fundamentalistas e integristas.
- Una injerencia ilegítima de la moral particular de algunos grupos en las políticas públicas y en las leyes, que son responsabilidad y obligatoriedad de los estados.
- Una alianza estado/iglesia que viola el principio de laicidad de los estados, vulnerando los derechos humanos, afianzando prácticas discriminatorias e injustas, materializando la violación de la dignidad humana y de la conciencia individual.
que se concretaría en:
- Aumento de abortos clandestinos y de riesgo. Porque nos sumaríamos a la lista de países donde el aborto está restringido o penalizado por la legislación, y donde se producen la gran mayoría de los abortos clandestinos, obligando especialmente amujeres con pocos recursos y/o jóvenes a interrumpir el embarazo de forma poco segura.
- una vuelta a la minoría de edad de las mujeres, que necesitarían de varios informes psiquiátricos para poder abortar;
- una discriminación para las mujeres con pocos recursos - económicos o de información-, ya que unas podrían abortar en el extranjero y otras tendrían que hacerlo en la precariedad, poniendo en riesgo su salud.Y aquí queremos incidir en el caso de las mujeres que no tienen garantizado su acceso a la sanidad público ni a las prestaciones sociales.
- una prolongación del sufrimiento de las mujeres que quieran abortar, que se verían obligadas a buscar informes médicos que "avalen" y permitan su decisión de abortar;
- la inseguridad jurídica de las personas que tengan que "informar" sobre la salud psíquica de la mujer que quiere abortar y de todas aquellas que puedan ser juzgadas por la realización de abortos;
la vulneración del derecho a intimidad, ya que la decisión de las mujeres puede ser objeto de cuestionamiento e investigación.En definitiva,la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y su vida se ve limitada por el mismo gobierno que está promoviendo unos recortes que hacen que nuestras vidas se precaricen hasta extremos que no podíamos ni sospechar.Por todas estas razones las mujeres de la MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES DE CATALUNYA, EUSKAL HERRIA y GALIZA
EXIGIMOS:
- Que se reconozca el derecho fundamental de las mujeres a tomar sus propias decisiones
- Que se garantice la soberanía de las mujeres sobre su propio cuerpo y su vida.
- La cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo en la red hospitalaria y extra hospitalaria pública de manera que se garantice el carácter universal de este derecho y se normalice como prestación sanitaria, sin que exista ninguna discriminación geográfica en el acceso de todas las mujeres a este derecho en los servicios públicos.
- La regulación de la objeción de conciencia que precise sus límites, garantizando que todos los centros públicos dispongan de los equipos profesionales necesarios para atender la demanda de aborto de las mujeres.
- Que los derechos de las mujeres usuarias de estos servicios sean respetados y protegidos en todo momento.
- Que se adopten las políticas y medidas integrales necesarias en salud sexual y reproductiva basadas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.
Que se incluya la educación afectiva emocional y sexual con perspectiva de género en el curriculum escolar.Le recordamos al gobierno español que tiene la obligación de garantizar el pluralismo, la libertad de conciencia, el derecho la salud reproductiva y sexual y el derecho a decidir. En este sentido, los argumentos religiosos no pueden convertirse en políticas públicas, ni mucho menos en leyes que que vayan en contra de los derechos humanos de todas las mujeres.HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LA MOVILIZACIÓN:
Súmate a las concentraciones, difunde las convocatorias, habla con tus compañeras, amigas,vecinas; firma los manifiestos, ofrece tu colaboración a los grupos que emprendan acciones para oponerse a esta ley.Exige a tus representantes políticos que den la cara, se opongan a la nueva Ley, defiendan tus derechos y luchen por garantizar la libertad de las mujeres para decidir.
Y en este caso, desde la Plataforma de la Marcha Mundial de Mujeres de Euskal Herria exigimos al Gobierno vasco y navarro que desobedezcan a este anteproyecto de ley y que garanticen el derecho a decidir de las mujeres que vivimos en Hego Euskal Herria.
