Solicitan que acabe con el privilegio de la Santa Sede de ser "Estado Observador Permanente No-Miembro" y limite el estatus que le otorga presencia en las conferencias mundiales con pleno derecho al voto y le permite tomar parte en las discusiones y decisiones de la Asamblea General así como a participar en agencias, comisiones y comités de las Naciones Unidas.
Los colectivos sostienen que no se pueden objetar como hace el Vaticano los derechos reproductivos de las mujeres, ya que esto dificulta un tratamiento adecuado contra el Sida y la merma de los recursos sanitarios y educativos destinados a las mujeres.
Esta reivindicación se recoge en un documento titulado "Declaración de Córdoba" promovida por la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. En ella se afirma que el mayor peligro al que se enfrentan los derechos humanos de las mujeres en el mundo proviene de la ingerencia de las religiones en los estados y por lo tanto es necesario apostar claramente por la laicidad de los estados.
